Pedro San Ginés pidió a Fernando Clavijo que mediara con la Fiscalía en el Caso Montaña Roja

La investigación del conocido como Caso San Ginés ha tenido acceso a un grupo de Whatsapp compuesto por Pedro San Ginés, Ignacio Calatayud, el decano del Colegio de Abogados de Lanzarote y cuñado de Pedro San Ginés, Carlos Viñas Romero, y el penalista José María Calero Martínez, antiguo fiscal, actualmente en excedencia, conocido por su intervención en casos de tanta repercusión como Gürtel o los ERE de la Junta de Andalucía, en el que defendió a José Antonio Griñán.

Las conversaciones intervenidas demuestran que los integrantes del grupo mantuvieron una intensa actividad para influir en el testimonio de los testigos y muestran la preocupación de San Ginés por el desarrollo de la causa y su enorme interés porque José María Calero se entreviste con altos responsables de la Fiscalía, hasta el punto de que llegó a solicitarle a Fernando Clavijo que le concertara una cita.

Tal y como relata en un mensaje enviado al grupo el propio San Ginés, el 16 de septiembre de 2021, «Clavijo me dijo que “su mediación podía ser positiva, pero también todo lo contrario”, que la fiscalía es rarita».

A partir de ese momento, queda encargado Carlos Viñas de organizar la cita y consigue que esta se celebre, finalmente, el 2 de noviembre de 2021. Al finalizar la reunión, José María Calero le envía un Whatsapp a Ignacio Calatayud con un texto breve pero revelador: «Celebrada reunión buenas sensaciones, ya te cuento».

Una actuación polémica

Precisamente el polémico papel jugado por la Fiscalía ha sido determinante en la sentencia del caso de la desaladora de Montaña Roja. Durante la instrucción del procedimiento el Ministerio Fiscal desempeñó un papel activo tanto en sostener la existencia de delito como en respaldar la personación como acusación popular de los antiguos consejeros de Podemos en el Cabildo de Lanzarote.

Sin embargo, la Fiscalía modificó su postura tras el abandono de la empresa querellante, Club Lanzarote, que se retiró del procedimiento tras llegar a un acuerdo con Pedro San Ginés. Ese cambio de criterio fue justificado también por el sobreseimiento provisional que acordó el juez corrupto Salvador Alba con respecto a Ignacio Calatayud, archivando las actuaciones seguidas contra el letrado.

La retirada del querellante y la renuncia a acusar de la Fiscalía sirvió de base para una controvertida sentencia, recurrida por la acusación popular, en la que la jueza niega la capacidad de personarse a los exconsejeros de Podemos y obvia entrar en el fondo del asunto, a pesar de recoger como hechos probados los fallos judiciales que determinaron en la vía contencioso-administrativa que la incautación de la desaladora había sido ilegal.

Un nuevo escenario

Las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil han supuesto un auténtico golpe para Pedro San Ginés, por cuanto han quedado acreditadas las maniobras para influir en el testimonio de los testigos y han sembrado dudas más que razonables sobre el papel jugado por la Fiscalía en el procedimiento.

Se abre ahora un nuevo escenario, pues al recurso interpuesto por los denunciantes contra la sentencia absolutoria se une una más que posible solicitud de nulidad, dada las graves irregularidades detectadas por la investigación del conocido como Caso San Ginés.